En un nuevo fallo que refuerza los derechos de los consumidores, la Justicia determinó que Banco Itaú Argentina S.A. (hoy Banco Macro S.A.) debe indemnizar a un cliente por incumplir con su deber de seguridad. El demandante, un hombre de 66 años, denunció la sustracción de dinero de su cuenta mediante transferencias y extracciones que nunca autorizó.
Todo comenzó cuando, al intentar retirar efectivo de un cajero, descubrió que su saldo había desaparecido. Tras revisar su homebanking, constató movimientos fraudulentos por un total de $228.751. A pesar de sus reiterados reclamos, la entidad bancaria rechazó su denuncia sin brindar explicaciones claras ni opciones de resarcimiento. Además, denunció haber sido maltratado al intentar obtener información sobre su caso.
El tribunal analizó el caso bajo el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y determinó que la obligación del banco era garantizar la seguridad de las cuentas de sus clientes. El fallo señaló que el Banco Itaú tenía el deber de implementar mecanismos de prevención para detectar movimientos sospechosos, sobre todo tratándose de un consumidor hipervulnerable.
La resolución judicial estableció una indemnización de $300.000 por daño moral y dispuso el reintegro del dinero sustraído, sumado a una multa por daño punitivo equivalente a dos Canastas Básicas Totales (CBT) tipo 3 del INDEC. La sentencia destacó la actitud negligente del banco, que no solo ignoró los reclamos sino que tampoco proporcionó información clara a su cliente.
Este fallo marca un precedente importante, recordando que las entidades financieras tienen la obligación de proteger los fondos de sus clientes y responder ante fraudes. También refuerza la necesidad de un trato digno y la debida información a los consumidores, en especial a los adultos mayores, quienes suelen ser víctimas de estafas digitales.
Para los usuarios bancarios, este caso reafirma un principio básico: los bancos deben garantizar la seguridad de los ahorros de sus clientes y no pueden deslindar responsabilidades en eventuales fraudes. Un recordatorio de que la defensa del consumidor sigue siendo un derecho que debe ser respetado y protegido.